El Consejo de Gabinete aprobó enviar a la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2013, que asciende a 16 mil 268 millones de dólares, lo que representa un incremento de 13%, en comparación con el cálculo del año corriente, que es de 14 mil 451 millones.
El ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, quien presentó la proyección de Presupuesto a los integrantes del Gabinete Ministerial, dijo que este es un cálculo realista y está elaborado para darle continuidad a los proyectos prioritarios de la actual administración como los Imperdonables.
Este anteproyecto debe entrar a la Asamblea Nacional a más tardar este viernes para su posterior discusión e inicio del proceso de vistas presupuestarias para analizar el documento en conjunto con todas las instituciones descentralizadas, del gobierno central, empresas públicas e intermediarios financieros.
El Consejo de Gabinete también aprobó una resolución en la que respalda la Estrategia País de Seguridad Ciudadana que descansa en cinco ejes centrales, y que traza su meta en que en el 2015 se hayan producido una disminución de un 15 por ciento de la tasa por cien mil habitantes de homicidio, hurto, lesiones personales, robo simple y robo con arma.
La propuesta fue presentada por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien fue asistido en su presentación por Manuel Zambrano, director del Programa de Seguridad Integral (Prosi), que se ejecuto en los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón y David en Chiriquí y del experto en seguridad y consultor internacional Hugo Fruhling.
En su presentación, los proponentes de la iniciativa señalaron que las características de la estrategia consisten en un análisis de la situación actual de la seguridad en cada uno de los ejes que la componen (Fortalecimiento Institucional, Información, Prevención, Control y sanción y Reinserción social y rehabilitación), la definición de objetivos a alcanzar y los indicadores par establecer el avance de su cumplimiento, la guía de acciones a seguir y el establecimiento de metas.
La estrategia contempla su propia gestión y señala que la permanencia de los ejes, las líneas de acción y programas e iniciativas en ejecución a futuro deberán ser superior a la duración de cualquier gobierno.
Su énfasis está en su carácter institucional, multisectorial y en la necesidad de evaluar los programas que la conforman, y, a su vez, plantea la construcción de un verdadero sistema de seguridad, coordinado por el Ministerio de Seguridad con el propósito de asegurar el funcionamiento armónico de los ejes, líneas de acción, programas e iniciativas en función de objetivos previamente consensuados.
Asimismo, el Consejo de Gabinete aprobó enviar a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que deroga la ley 34 de 1979, por el cual se reglamenta el trabajo portuario en los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por la empresa Panama Ports- y que pone en vigencia la aplicación del Código de Trabajo.
La ley 34 de 1979 establece , entre otras disposiciones,el pago a los trabajadores sobre la base de hora de servicio y no como salario mensual, que es lo que determina el Código de Trabajo, explicó la ministra Alma Cortés, quien sustentó el anteproyecto de ley ante el Consejo de Gabinete.
Dicho de otra forma, toda hora servida por el trabajador portuario queda a disposición exclusiva del empleador por lo tanto no hay salario base debido a que el mismo se computa de acuerdo con las horas de trabajo efectivo.
Esta situación, llevó a un paro de labores de los trabajadores portuarios en el mes de febrero que generó pérdidas millonarias y que terminó con la creación de una comisión integrada por representantes de Panama Ports, Mitradel y los propios trabajadores. Una vez creada esta comisión -y tras varios veces de negociación- se llegó al acuerdo de derogar la Ley 34 y regirse por lo que establece el Código de Trabajo, que garantiza un sueldo que no sea inferior al salario mínimo y que les permitirá mejorar sus niveles de vida.
"Ahora todos los puertos van a pagar lo mismo según las disposiciones del Código de Trabajo. Antes -explicó- unos puertos se regían por el Código de Trabajo y otros por una la ley especial: la denominada ley 34 de 1979. Cortés explicó que habrá un periodo de transición -de unos tres meses- para adecuar la planilla de la empresa al Código de Trabajo.
Asimismo, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional al Presupuesto General del Estado para la presente vigencia fiscal del año 2012, con asignación a favor de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, por la suma de 25 millones de dólares para el pago de indemnizaciones a los dueños de los denominados buses "Diablo Rojo" que cuenten con sus respectivos certificados de operación y para cubrir el pago del subsidio del diesel en Panamá y San Miguelito.
El ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima explicó que la fuente de financiamiento de este crédito adicional, proviene de transferencia del Gobierno Central, a través del Ministerio de Gobierno, producto de dividendos del Banco Nacional de Panamá.
El Consejo de Gabinete también respaldó un proyecto en el que se aprueba un Convenio entre la República de Panamá y la República Checa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo.
La iniciativa, presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, encargado, Francisco Álvarez de Soto, se constituye en el convenio número 14 que suscribe la administración de Ricardo Martinelli encaminado a complementa la política que impulsa el Gobierno Nacional de defensa, fortalecimiento y continuo desarrollo de la plataforma de servicios internacionales.
Álvarez de Soto explicó que el Convenio en referencia tiene como objetivo evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes que facilitará, a su vez, el intercambio de bienes y servicio.
Este Convenio, dijo el Ministro, contiene mecanismos de intercambio de información tributaria de acuerdo a los mejores intereses de Panamá lo que, a su juicio, ofrece seguridad jurídica y representa ventajas económicas complementarias para la atracción de capital extranjero en virtud de que incentiva la inversión de empresas checas en el territorio de Panamá.
Igualmente, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que se otorga un crédito adicional al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2012 con asignación a favor del Ministerio de Economía y Finanzas por la suma de 200 millones de balboas.
La propuesta fue sustentada por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien dijo que el aludido crédito tiene la finalidad de incorporar recursos adicionales al Presupuesto de Funcionamiento de esa entidad para reforzar el Fondo de Compensación Energética (FACE), y cumplir con los sobrecostos generados a las empresas distribuidoras debido al congelamiento de tarifas a los usuarios finales bajo el esquema de este Fondo.
FACE tiene el propósito de establecer las tarifas y no permitir el traspaso a los clientes finales de los incrementos producto de las variaciones externas en el precio de los derivados del petróleo.
En noviembre de 2011, se aprobó una Resolución en la que se autorizó al MEF a celebrar con la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), un contrato de Fideicomiso para la constitución del FACE en la que participa el Estado como Fideicomitente y Etesa como Fiduciario, cuyo objetivo es compensar a las empresas distribuidoras de energías eléctrica por los montos que estas empresas dejen de percibir debido a la estabilización de la tarifa eléctrica a los clientes regulados, y realizar los pagos correspondientes a las empresas generadoras de energía eléctrica con capital accionario mixto, de manera que las tarifas eléctricas no aumenten bruscamente durante los próximos años a los clientes finales, debido a las variaciones de los derivados del petróleo.
Finalmente, el Consejo de Gabinete aprobó una adenda al contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Transcaribe Trading, S.A (TCT) encaminado a atender trabajos adicionales en la rehabilitación del muro de protección en la comunidad de La Mesa, distrito de Changuinola en Bocas del Toro.
El pedido fue sustentado por el ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, quien dijo que la mencionada adenda es por un monto de 2 millones 178 mil 11 balboas con 75 centavos, y surge debido a los trabajos ya concluidos llevados a cabo por la mencionada empresa para reparar los daños que ocasionaron las fuertes lluvias en el Muro de Protección ubicado en esa comunidad.