Sin órganos de control independientes y eficaces, la democracia peligra. Es justo lo que nos está sucediendo en Panamá. Hoy escuchamos al Contralor Gerardo Solís justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, con un descaro inaudito y desvirtuando completamente la labor de la institución que preside.

El Contralor Solís elige ignorar el mandato de la Ley de Transparencia y la jurisprudencia que han establecido en múltiples casos que el nombre, el número de cédula y el monto de fondos públicos recibidos por una persona como beneficiaria o contratista del Estado no es información confidencial y debe ser públicada. La propia Ley de Protección de Datos Personales establece la excepción de que los datos se pueden tratar en el beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos.
Tergiversa el cumplimiento de la ley bajo el argumento insostenible de la "discriminación".

Lo que estamos presenciando estos días en el país, hace imperativo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el Recurso de Inconstitucionalidad presentado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC – TI Panamá), contra la reforma a la Ley Órganica de la Contraloria, aprobada en diciembre de 2022 por impulso del Contralor Solís, que da sustento a la falta de controles de su administración.

Es la democracia misma la que está en juego.