El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, entregó a la Asamblea Nacional el contrato de ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá para la explotación de cobre tras haber sido adaptado a ese documento diversos cambios recomendados por la comisión legislativa de Comercio y Asuntos Económicos.

En su exposición ante la cámara de diputados, el ministro Alfaro anunció que las modificaciones al contrato de ley de explotación contemplan la elminación de la expropiación de tierras, restricción del espacio aéreo, solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y que la extracción del mineral queda limitada al área de concesión de los distritos de Donoso y Omar Torrijos, provincia de Colón.

Sin embargo, en el contrato ley quedó invariable el pago de la anualidad de 375 millones de dólares al Estado por la explotación minera, aspecto que diversas organizaciones cuestionaron al Gobierno Nacional durante las discusiones en la Asamblea Nacional al sostener que debía exigirse un monto superior ante la afectaciones al ambiente y las multimillonarias ganancías que habría reportado en Canadá la empresa First Quantum por sus actividades en Panamá.

El contrato ley deberá ser remitido nuevamente ante la Comisión de Comercio para que fije la fecha de su primer debate y si habrá el ciclo de participación ciudadana.

MICI 16-10-2023. El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd entregó ante
el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de contrato ley entre el Estado y la empresa
Minera Panamá, S.A., con las modificaciones identificadas en la Resolución N°2 del 28 de
septiembre de 2023, emitida por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de dicha
instancia legislativa.
En días pasados, el Consejo de Gabinete aprobó el retiro del proyecto, así como la revisión
de su redacción con la empresa minera. Igualmente, que el documento fuera presentado
nuevamente ante el Órgano Legislativo con las modificaciones que resultaron de las
consultas efectuadas a sindicatos, gremios, organizaciones y pobladores de las
comunidades adyacentes a la explotación minera.
Las adecuaciones realizadas abarcan la eliminación de cláusulas, así como la aclaración de
conceptos, en lo relativo a expropiación, alcance de la concesión, espacio aéreo, contrato
marco, identidad de beneficiarios finales, otras concesiones mineras, facultades de
fiscalización y soberanía.