En el marco de la presentación titulada “Del compromiso internacional a la acción local: la Defensoría del Pueblo de Panamá frente al Segundo Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y la lucha contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA)”, Anna Karina Salerno, directora de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo, resaltó la necesidad de transformar los compromisos internacionales en acciones concretas en los territorios, para garantizar una protección efectiva a la niñez y adolescencia panameña frente a la explotación sexual y las nuevas formas de violencia digital.

Durante su intervención, Salerno enfatizó que los tratados internacionales adquieren verdadero valor cuando se traducen en políticas locales efectivas, afirmando que “de poco sirve firmar tratados si un niño en Chiriquí sigue siendo víctima”. Recordó que el Segundo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a pasar del compromiso formal a la acción tangible en cada comunidad.

Entre los avances nacionales, destacó la Ley 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; y la Ley 478 de 2025, que fortalece la legislación penal frente a los ciberdelitos, incorporando figuras como el grooming, la sextorsión y la difusión no consentida de contenido íntimo, en consonancia con los estándares internacionales. Asimismo, resaltó la actualización del Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial 2024–2028, liderado por CONAPREDES, como parte de los esfuerzos de articulación interinstitucional.

No obstante, la representante de la Defensoría advirtió que persisten desafíos significativos, como la necesidad de uniformar protocolos de actuación a nivel local, capacitar de manera constante a los operadores del sistema y fortalecer la recolección e interoperabilidad de datos sobre casos de explotación sexual. Recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado la urgencia de que las leyes y planes lleguen de forma efectiva a las comunidades más vulnerables.

En este contexto, subrayó el rol estratégico de la Defensoría del Pueblo como entidad que actúa en tres frentes: la vigilancia y supervisión del cumplimiento estatal, el acompañamiento y orientación a las víctimas, y la educación y prevención en comunidades y medios de comunicación. “La lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes no se gana solo con leyes, sino con acción coordinada, ética pública y sensibilidad humana”, afirmó Salerno, al reafirmar el compromiso institucional de seguir impulsando la acción local y la articulación con instituciones, municipios y sociedad civil en defensa de la niñez panameña.