Panamá impulsa la descentralización como motor de cambio, permitiendo a los municipios ejecutar proyectos prioritarios de agua y saneamiento con recursos propios del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Entre 2024 y 2025, el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha invertido más de $.6.27 millones en 472 obras, cerrando brechas históricas que afectaban a comunidades vulnerables.

Un ejemplo transformador es el sistema de abastecimiento solar en Akua Yala, comarca Madungandí, que ahora beneficia a 300 familias con agua segura diaria, generando salud y progreso local. Panamá también lidera en la región la inversión per cápita en agua y saneamiento, con $.49,8 por habitante, y programas estratégicos que han invertido más de $.1,179 millones desde 2001.

A pesar de estos avances, el 5.6% de la población aún carece de acceso básico a agua potable, y en áreas rurales una de cada tres familias sigue sin agua segura constante. Para superar estos retos, se enfatiza la necesidad de planificación, cooperación y compromiso continuo.

Fortalecer la descentralización y mantener la inversión local en agua son apuestas estratégicas por un Panamá más justo, sostenible y solidario, donde cada proyecto hídrico representa un paso real hacia el desarrollo inclusivo y la calidad de vida.

Panamá en vías de cumplir con ODS #6

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental que sustenta la vida, la salud y el desarrollo. Panamá, con sus 52 cuencas hidrográficas, más de 500 ríos y el mayor promedio de lluvia de Centroamérica (2,924 litros por metro cuadrado al año), posee una riqueza hídrica notable. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en un acceso equitativo para toda la población.

Mientras el 98.1% de los hogares urbanos disfrutan de agua potable gestionada a nivel básico, en áreas rurales este acceso baja al 86.3%. Las comarcas indígenas enfrentan una brecha aún mayor: apenas el 41% de hogares en Ngäbe Buglé y el 31% en Emberá Wounaan cuentan con fuentes de agua mejoradas. Estas desigualdades impactan la salud, el desarrollo infantil, la productividad familiar y el avance de los distritos, siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible del país.

Con el compromiso de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, Panamá apuesta a garantizar agua y saneamiento para todos mediante inversiones en infraestructura, protección ambiental, educación en higiene y una gobernanza local fortalecida y participativa. La descentralización es clave en este proceso: desde la Ley 66 de 2015, se trabaja en conjunto con las autoridades locales; alcaldes, representantes y concejales para que puedan ejecutar proyectos consensuados con la comunidad, utilizando recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y programas como el de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM)

En este contexto la descentralización se ha convertido en un motor clave de ese cambio. Desde la aprobación de la Ley 66 de 2015, reformada por la Ley 37 de 2009, los municipios panameños pueden identificar y ejecutar proyectos prioritarios de agua y saneamiento, utilizando los recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, a través del Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), se impulsa la ejecución de obras que responden a necesidades concretas de las comunidades.

El agua mejora nuestra calidad de vida, impulsa el crecimiento socioeconómico inclusivo y protege el ambiente. Por eso, fortalecer la descentralización y mantener la inversión local en agua potable es apostar por un Panamá más equitativo, sostenible y solidario.