La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, instó este martes a la comisión legislativa que analiza el proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) a adoptar una decisión que calificó de “histórica”, al considerar que el país no puede seguir postergando respuestas estructurales frente a la desigualdad y la violencia que afectan a miles de mujeres.
Durante su comparecencia ante los diputados, la titular del Mides defendió la iniciativa como un cambio institucional profundo, con capacidad real para ejecutar políticas públicas transversales y con resultados medibles en favor de la igualdad de oportunidades.
“Por tercera vez me presento ante esta Comisión, como mujer y como representante del Estado, que tiene la obligación constitucional y moral de responder a mujeres que han esperado demasiado tiempo por igualdad, protección y oportunidades reales”, afirmó la ministra.
En un mensaje directo a los diputados, Carles de Arango sostuvo que la comisión enfrenta una decisión que “define de qué lado de la historia quiere estar”, y advirtió que la respuesta tardía del Estado ha contribuido a perpetuar la desigualdad y a normalizar la violencia contra las mujeres.
La Ministra subrayó que el proyecto de ley propone un instituto con carácter vinculante y transversal, capaz de incidir en todo el aparato estatal, y explicó que el Inamu contaría con autonomía administrativa, financiamiento protegido y mecanismos de trazabilidad para garantizar el seguimiento del uso de los recursos públicos destinados a programas dirigidos a mujeres.
“No se trata de discursos vacíos. Estamos hablando de poder institucional para transformar realidades”, dijo al defender que la nueva entidad permitiría coordinar, exigir y evaluar políticas de igualdad con mayor efectividad.
Carles de Arango también destacó que la iniciativa plantea una gobernanza técnica, sustentada en evidencia y evaluación permanente. “El Inamu se sostendrá sobre datos, información, medición e indicadores claros”, señaló, al afirmar que sin evidencia la política pública “carece de validez”.
Durante su intervención, la Jefa de la cartera de Desarrollo Social puso énfasis en la necesidad de fortalecer la presencia territorial del Estado y atender a poblaciones históricamente rezagadas, como mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, así como a aquellas que denuncian violencia y no reciben una respuesta oportuna.
“Las mujeres de nuestros campos, de nuestras comarcas y de los cinturones urbanos de pobreza no pueden esperar más”, afirmó.
Ante cuestionamientos de sectores del movimiento de mujeres que han expresado rechazo al proyecto por considerarlo un retroceso, la Ministra hizo un llamado a la unidad y reconoció la legitimidad del disenso y la crítica. Sin embargo, sostuvo que el país necesita herramientas institucionales más sólidas para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las mujeres, optimizando el uso de los recursos públicos.
La Ministra aseguró, además, que la propuesta mantiene espacios de participación y fiscalización para organizaciones de mujeres dentro del esquema de gobernanza del instituto.
Al cierre de su intervención, Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social, pidió a los diputados emitir un voto “responsable, valiente y profundamente humano”, y subrayó que la decisión no responde a intereses de un gobierno en particular. “No es una decisión por una administración. Es una decisión por las mujeres de Panamá. No podemos esperar más”, concluyó.
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