El Ministerio Público se ha negado admitir las querellas contra funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que estarían vinculados con el cobro de indemnizaciones de arroz de manera fraudulenta, dijo el abogado Iván Castillo.

Castillo denunció que desde febrero de 2022 se presentaron las acciones penales y diversas diligencias para que se investiguen las anomalías ocurridas en el MIDA, sin recibir la receptividad de las autoridades.

"El Ministerio Público no ha querido admitir las querellas de estas otras personas, que son los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y, además, las personas vinculadas políticamente a una situación dentro de estos procesos", subrayó el jurista.

Explicó que este caso surgió producto de una denuncia presentada por la sustracción de documentos privados utilizados por dos personas para cobrar B/.7.50 de compensación de arroz y que ambas están imputadas, de acuerdo a la carpetilla 185888.

Destacó de después de esta querella penal, el MIDA, en su interés de apoyar la investigación, amplió a 20 denuncias contra personas, bajo el mismo el modus operandi, que hicieron cobros de los fondos de compensación de arroz.

Sostuvo que estos fondos estaban destinados para pagar B/. 7.50 por cada quintal de arroz y que a través de documentación fraudulenta estas personas logran obtener estos recursos sin que el personal del MIDA cumpliera con las verificaciones que ameritaba el caso.

"Lo curioso de esta información es que tenía que ser corroborada por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, los extensionistas y directores de agencias. En la carpetilla 185888 se ha establecido plenamente la vinculación de dos sujetos a este hecho criminal y de los funcionarios del MIDA", enfatizó Castillo.

Anotó que pese a los ingentes esfuerzos y diligencias tramitadas desde el 2022, el Ministerio Público sigue sin admitir las denuncias contra al menos 60 funcionarios del MIDA, que habrían causado una lesión de 12 millones de dólares al año y que inició desde el 2017.

El abogado Castillo argumentó que la dilatación o demora en las diligencias del Ministerio Público buscarían la prescripción penal contra las personas vinculadas en esta millonaria lesión contra el Estado.