El Partido Alternativa Independiente Social rechaza la actuación del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional, en aprobar y sancionar, el contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, al sostener que tal decisión vulnera la democracia y los principios del Estado Constitucional de Derecho.

A través de un comunicado, firmado por su presidente José Alberto Álvarez, y su secretario general, Rubén Elías Rodríguez, PAÍS enfatiza sus críticas hacia el Gobierno Nacional y la cámara legislativa por la aprobación de la ley 406, que permite que la empresa Minera Panamá continúe sus operaciones en la extracción de cobre y otros minerales en el país.

"Frente a los tan lesivos actos al interés nacional y al derecho nacional, el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) rechaza enérgicamente la actuación de estos dos órganos del Estado, ya que consideramos que se vulnera la democracia, los principios del Estado Constitucional de Derecho y sancionar la Ley 406 del 22 de octubre de 2023, lo que viene a constituir una nueva y grave afrenta a la nación panameña”, anota comunicado.

También se solicita al poder Ejecutivo y Legislativo, de manera vehemente, hacer las rectificaciones de rigor a tan desafortunada ley antes que las condiciones políticas alcancen niveles imprevisibles. Asimismo, se pide a la ciudadanía en general la profundización de la lucha dentro de un ambiente de respeto, a fin de lograr el objetivo de un pronto pronunciamiento de las instituciones democráticas para garantizar la necesaria paz social, una convivencia pacífica y desarrollo.

Esta agrupación política agrega su interés de que el Órgano Judicial se pronuncie con respecto a los diferentes recursos legales o demandas interpuestas contra el contrato de minería, en cuyos contenidos se alegan, que lo aprobado violan la Carta Magna.

"Respetuosamente, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia, que una vez logrado el cumplimiento de lo establecido para estos recursos, un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la referida ley. Y tan pronto sea declarada inconstitucional con la participación de todos, de oposición y de gobierno, concertar una nueva relación contractual, la cual deberá, luego, someterse a referéndum nacional”, subraya la nota.