El procurador de la Administración, Rigoberto González, avala la inconstitucionalidad del contrato Ley 406, entre el Estado y la empresa Minera Panamá, en una opinión que valoró a una de las demandas interpuestas contra ese documento y que remitió a la Corte Suprema de Justicia.

González envió sus consideraciones jurídicas a la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, quien es ponente en la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano contra Ley 406 de 20 de octubre de 2023.

“Solicitamos a los miembros de la más Alta Corporación de Justicia, en Pleno, se sirva declarar que es inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial 29894 A de 20 de octubre de 2023, toda vez que el mismo infringe los artículos 257, 259 y 266 de la Constitución Política de la República”, argumenta el procurador en su opinión jurídica.

De igual forma esboza en sus conclusiones que se ha infringido la Constitución Política ante la ausencia de la licitación pública ordenada en el artículo 266 y en concordancia con el artículo 257.

También el procurador González detalla que se ha infringido la Carta Magna por la ausencia de consulta pública y previa, que garantizara el acceso a la información y participación ciudadana en general, y no solo las comunidades aledañas, como dispone la Ley 125 de 4 de febrero de 2020.

A su vez, menciona que se infringen disposiciones constitucionales, que restringen el acceso a la información y cláusulas que comprometen el espacio aéreo, las tierras y otros bienes que no pueden ser objeto de apropiación privada.

Con esta opinión de la Procuraduría de la Administración, el pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá someterla al análisis jurídico junto a los demás agumentos expuestos en la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 406 y, sin una fecha precisa, emitir un fallo resolutivo.