Luego de ser aprobado en Consejo de Gabinete el proyecto de ley sobre Extinción de Dominio, el ministro de seguridad pública Juan Manuel Pino Forero, será el encargado de presentarlo ante la Asamblea Nacional de Diputados.

Señaló el titular de seguridad, que este proyecto tiene el firme propósito de atacar de manera frontal y debilitar el musculo financiero de aquellas organizaciones criminales, que por medio de empresas o negocios han hecho fortunas y que no puedan justificar.

Destacó que el mencionado proyecto elaborado por el Minseg, es el resultado de una ardua labor de más de un año, gracias al apoyo del ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Explicó el ministro que el mismo tiene como objetivo crear y desarrollar un marco normativo como instituto jurídico, contra los bienes de origen o destinación ilícita, a fin de que sean recuperados a favor del Estado, ya que con esto se constituye un mecanismo de generación de ingresos, no sólo para financiar la represión y prevención contra la criminalidad, sino también para resarcir el daño que este flagelo causa a la sociedad, otorgándole en consecuencia una función social.

Subrayó que la jurisdicción Especial de Extinción de Dominio, que es independiente y autónoma de las demás jurisdicciones ordinarias; toma como punto de partida el derecho a la propiedad que tiene toda persona y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente.

Dijo a su vez, que este proyecto recoge elementos y prácticas a nivel internacional con un enfoque social, sujeto al orden público y al bienestar general, enmarcado en fines constitucionales de justicia social; permitiendo así que el Estado recupere los bienes ilícitos y los devuelva a la sociedad, con el fin de darle el mejor uso colectivo posible.

Manifestó el Jefe de la cartera de seguridad en nuestro país, que las actividades delincuenciales, derivadas del crimen organizado en todas sus manifestaciones, así como la debilidad institucional para la persecución del delito de blanqueo de capitales y delitos conexos, afectan la convivencia pacífica, el desarrollo humano, la sostenibilidad y progreso de una nación, por tal motivo, existe la necesidad de fortalecer los mecanismos de administración de justicia, en su esfuerzo por combatir a dichas organizaciones, a través de un marco legal que le permita al Estado la aplicación de una Ley en contra de bienes adquiridos ilícitamente y el financiamiento de actividades ilegales.

Precisó Pino, que con este importante y determinado paso, el ministerio de seguridad pública promueve la oportuna incorporación al marco jurídico nacional, de este mecanismo de investigación y administración de justicia, que permitirá a las autoridades nacionales cumplir de manera eficaz y segura con la misión de contrarrestar la actividad criminal organizada; debilitando así su capacidad operativa, financiera y estructural.

“Para estos propósitos se realizó un análisis prolijo de países donde ya existe la Ley de Extensión de Dominio como Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador. Bolivia, Argentina y República Dominicana, rescatándose las mejores prácticas adecuándolas a este proyecto” agregó Pino.

Manifestó que demás de las normas procedimentales, el proyecto crea la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos y de Extinción de Dominio del MEF, estableciéndose la distribución de los fondos depositados a la cuenta especial de Bienes por Extinción de Dominio (Comiso), de dicho ministerio, destinados a programas y proyectos que trabajen directamente con el sector social, seguridad, justicia y para gastos operativos de la extinción de dominio.

También regula lo atinente a la cooperación internacional con miras a poder realizar acciones que conlleven la extinción de dominio de bienes ilícitos, tomando en cuenta los convenios ratificados por Panamá y aquellos que puedan suscribirse a futuro para tales fines.

Puntualizó que la estructura funcional estará compuesta por un Juez de Extinción de Dominio y un tribunal superior colegiado, conformado por tres magistrados del órgano judicial y el ministerio público, a través de un Fiscal de Extinción de Dominio; respetando el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales y legales.