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Defensoría da seguimiento a reclamos por malos olores y elevado costo de la electricidad en Los Santos

La Defensora del Pueblo, Ángela Russo, realizó una gira de trabajo en la provincia de Los Santos para atender denuncias ciudadanas relacionadas con malos olores persistentes y el elevado costo de las facturas del servicio eléctrico.

Como parte del recorrido, inspeccionó el vertedero y la laguna de tratamiento de aguas residuales de Las Tablas, señalados por la comunidad como posibles focos de contaminación. Además, junto a su equipo nacional y regional, visitó calles, parques y viviendas para escuchar de primera mano las inquietudes de los residentes.

Durante la jornada, la delegación sostuvo reuniones con moradores de Santo Domingo, San José, Las Tablas cabecera y El Jobo de Guararé, quienes atribuyen los malos olores a la presencia de porquerizas, granjas avícolas, un matadero cercano y al transporte de animales por las vías principales, cuyos lixiviados se intensifican con las lluvias y las altas temperaturas.

Russo indicó que la Defensoría mantiene vigilancia sobre esta situación para garantizar el derecho de la población a la salud, a un ambiente sano y a servicios públicos de calidad. También destacó que, aunque los residentes reconocen una disminución de los olores tras intervenciones de algunas instituciones, exigen soluciones permanentes.

En Santo Domingo, los vecinos propusieron habilitar rutas alternas para el traslado de animales, con el fin de evitar su circulación por el centro del poblado y reducir el impacto de los olores.

Durante la visita, la Defensoría también orientó a la población sobre el proceso para presentar quejas formales en la oficina regional de Las Tablas. Entre los principales reclamos recibidos figuran las elevadas facturas del servicio eléctrico.

"Una señora de escasos recursos asegura que recibió una factura de 200 dólares. Es una de las quejas recurrentes en esta región", manifestó Russo.

La Defensoría del Pueblo informó que dará seguimiento a los casos y coordinará con las autoridades competentes para investigar el origen de los malos olores y revisar las denuncias relacionadas con la facturación eléctrica, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de los usuarios.

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